El sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha querido mostrar todo su apoyo a la compañera afectada y recordar, más aún en los tiempos que corren para la profesión periodística, que los profesionales de la comunicación no deben renunciar a ninguno de sus derechos como trabajadores. En los últimos meses esta organización sindical ha tenido que reforzar sus acciones legales ante el aumento de atropellos y flagrantes ilegalidades hacia los trabajadores de los medios de comunicación del archipiélago, donde muchas empresas, con la excusa de la actual crisis económica están aplicando despidos colectivos encubiertos.

En esta ejemplar sentencia el magistrado Francisco José Trujillo Calvo deja acreditada "la actuación completamente torticera y mal intencionada" de la Agencia EFE hacia la periodista, a la que mantuvo "una contratación fraudulenta durante ocho años". La Agencia EFE, de titularidad pública y presidida por Alex Grijelmo, se había comprometido con la trabajadora y diversos representantes sindicales a pasar a plantilla a dicha empleada en su proceso regularización de trabadores temporales, palabra que incumplió alegando que se había perdido un convenio comercial firmado con el Gobierno de Canarias a pesar de que su labor no estaba relacionada con este servicio.

La periodista afectada por estos hechos, Fátima Martín Montesdeoca, fue encadenando contratos temporales desde el año 2000 hasta 2008, los primeros meses "por circunstancias de la producción" y desde mayo de 2001 vinculados a convenios que suscribía la Agencia EFE primero con el Cabildo de Gran Canaria y después con el Gobierno de Canarias.

Tras perder el convenio con el Gobierno de Canarias en marzo de 2008, la Agencia EFE mantuvo empleada a la periodista seis meses más, hasta que en septiembre le comunicó que su contrato había terminado. Pero, según considera probado el juez, la Agencia no encomendaba a la redactora la cobertura de las actividades específicas del Cabildo ni del Gobierno canario, sino que trabajaba en la delegación con los mismos cometidos que sus demás compañeros. De hecho, durante dos veranos fue nombrada responsable de la redacción para sustituir al delegado durante sus vacaciones.

Por todo ello, el magistrado señala que el objeto del contrato fue fraudulento, de manera que el carácter temporal de sus funciones no se cumplió. Además, la periodista fue contratada antes de que el convenio con el Gobierno de Canarias existiera y despedida seis meses después de que finalizara.

Propuesta "mal intencionada"

La ya mencionada actuación "torticera y mal intencionada" de la Agencia EFE con su periodista se produjo en el momento del despido, ya que las ofertas alternativas que le ofreció constituyeron una burla hacia la trabajadora, de acuerdo con la sentencia. En concreto, la Agencia EFE le ofreció trasladarse a Madrid con un contrato de interinidad y con menor sueldo o bien trasladarse a Tenerife a cubrir una baja por maternidad, lo que hacía que perdiera su antigüedad, al firmar un nuevo contrato en otro centro de trabajo, y todos sus derechos en cuanto transcurrieran 20 días.

Ante estas circunstancias, el Juzgado de lo Social estima en su integridad la demanda de la periodista e impone a la Agencia EFE una multa por temeridad de 600 euros. El magistrado ha declarado improcedente el despido y condena a la Agencia EFE a abonarle a la periodista los salarios atrasados, así como a readmitirla o indemnizarla con más de 40.000 euros, opción que conlleva un derroche injustificado y poco recomendado en épocas de crisis, aún menos en una empresa pública.